01/09/2020
La sociedad avanza y con ella sus sistemas productivos, partiendo del concepto básico de los medios de producción hacia la profesionalización de empresas e instituciones. En ese proceso las empresas han asumido la obligación ética y moral de impulsar una estrategia de responsabilidad social corporativa y sumarse, dentro de sus posibilidades, a contribuir con los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
En mitad de esta evolución introspectiva de las empresas hacia su catarsis social se ha producido un nuevo cisma que propicia el planteamiento de otros puntos de vista fuera de la agenda mediática habitual.
Durante este extraño ejercicio en el que el planeta sufre la primera pandemia del siglo se pone de manifiesto el concepto de responsabilidad social gubernamental. Más allá del contrato social con el Gobierno, el ciudadano se plantea el papel que desempeña en el estado del bienestar y de qué manera se cumplen con las expectativas y las exigencias que le son asignadas.
En este contexto, además de legislar y ejecutar políticas públicas, se pide que la responsabilidad social gubernamental implique una estrategia clara para proteger al ciudadano en el ámbito sanitario y el económico. Para lograrlo resulta imprescindible que las empresas se recuperen, que generen empleo, riqueza y que dentro de su actividad puedan llevar a cabo también ellos sus políticas de responsabilidad social.
Esta responsabilidad social gubernamental alcanza la inversión pública que, siguiendo la doctrina keynesiana, ha de realizarse de manera eficiente y sostenible para estimular la demanda agregada y así aumentar la producción, la inversión y, en definitiva, el empleo.
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