Partiendo del artículo 14 de la Constitución Española, que proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, el 23 de marzo de 2007 se publicó la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. La semana pasada se cumplió una década de su publicación, un aniversario bastante más discreto que el revuelo mediático que supuso su aprobación.
Más allá de las confrontaciones políticas, parte de la sociedad española no entendía en 2007 la exigencia de hacer una ley orgánica sobre un principio que ya recogía la Constitución. Especialmente en lo que se refería a medidas de discriminación positiva en favor de las mujeres. Sin embargo, diez años después el debate rebasa la necesidad de la misma y se centra en el largo camino que aún queda por recorrer.
Uno de los aspectos que manchó más páginas en los diarios fue la obligación de las listas electorales paritarias. La norma, que marcaba un máximo del 60% de personas del mismo sexo por lista, entró en vigor a escasos dos meses de las elecciones municipales de 2007, lo que generó una gran controversia en el establishment político.
La ley prestaba especial atención a la corrección de la desigualdad en las relaciones laborales, reconociendo el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Este interés quedaba patente en los permisos de maternidad y paternidad.
Se ampliaba el permiso de maternidad en dos semanas para los supuestos de hijos con discapacidad y se flexibilizaban las horas de lactancia o la reducción de la jornada laboral. Sin duda, el permiso de paternidad supuso una de las medidas más innovadoras para la conciliación, fijándolo en trece días y ampliable en caso de parto múltiple.
Las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores tendrían que elaborar y aplicar planes de igualdad en los que se equipararían sobre el papel a mujeres y hombres en acceso al empleo, formación, retribución o conciliación. Desafortunadamente las expectativas se han incumplido.
En general la sociedad, y especialmente las empresas, se encuentran obligadas a acatar este cambio e introducir en sus estructuras de negocio principios de Responsabilidad Social Empresarial sin tener siquiera conocimiento de su significado.
La fuerte crisis económica sufrida también en esta década y la falta de madurez de la sociedad han ralentizado la evolución de esta ley, aunque no cabe duda que su promulgación ha significado un antes y un después en la sociedad española.