Aplicar políticas de Responsabilidad Social Corporativa en la estrategia de negocio de una empresa constituye uno de los primeros retos a los que tiene que enfrentarse una institución si posee una vocación sincera. Asumir estos principios dentro de la organización implica ponerlos en práctica en cada una de las áreas de la empresa, incluido en el ámbito internacional.
Cada país se rige por su normativa legal y audita a las compañías en función de las normas y leyes propias. A la hora de pensar en empresas multinacionales resulta sencillo evocar a las grandes como Apple, Nike o Zara en el caso español. Gigantescas corporaciones que sustentan sus cadenas de producción principalmente en los países asiáticos. Oficialmente cumplen con las leyes en cada uno de los países en los que se extienden, pero ¿es socialmente justo aprovechar normativas más laxas para reducir salarios e incrementar jornadas en comparación con el país de procedencia?
Los centenares de fallecidos en el desastre de Bangladesh de 2013 consiguieron dirigir el foco hacia las empresas textiles y pusieron en tela de juicio las políticas de responsabilidad social fuera de las fronteras del país de origen. Una responsabilidad que se realiza con la condescendencia de las sociedades desarrolladas que obvian el comercio “justo” para poder renovar el armario cada temporada. Este catastrófico accidente sirve para reflexionar y valorar cómo se cumple la estrategia de RSC dentro de una compañía internacionalizada.
En septiembre de este año, las Naciones Unidas presentarán los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que serán las nuevas metas hasta 2030. Entre las modificaciones previstas, se espera ampliar los principios del Pacto Mundial a diecisiete y potenciar la equidad entre los distintos países. Dos de los nuevos preceptos, todavía en desarrollo, añadirán un impulso por “fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos” y por “reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos“.
De esta forma, los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible del Pacto Mundial ponen énfasis en respetar las condiciones de trabajo en todos los países por igual y abogar por que ese compromiso sea asumido por las entidades firmantes. Para Naciones Unidas las empresas, instituciones educativas, sector público y asociaciones están llamados a ser el motor del cambio.
Algunos países se están adelantando en esta materia y pretenden regular la responsabilidad de sus empresas fuera de su país. En mayo del pasado año, el Senado de Francia aprobó por una amplia mayoría el proyecto de ley de orientación y programación de política de desarrollo y solidaridad internacional, y el pasado 30 de marzo se aprobó un proyecto de ley sobre la diligencia de las empresas matrices y sus subcontratas en este ámbito.
El proyecto de ley realiza un interesante repaso sobre los intentos de organizaciones internacionales por fijar directrices de aplicación para las multinacionales, como la OCDE o Naciones Unidas, y enumera las regulaciones anteriormente llevadas a cabo en otros países como Reino Unido, Suiza, Italia, Canadá o los Estados Unidos.
Sin embargo, como se sugería al principio, la Responsabilidad Social Corporativa no debe limitarse al cumplimiento de los mínimos normativos que exigen las legislaciones de cada país, sino a un compromiso real y uniforme de las organizaciones en cada uno de los lugares donde se establecen.
En este sentido, la popular norma ISO 26000 puede servir de guía para orientar a las organizaciones sobre cómo implementar la Responsabilidad Social Empresarial y ver de qué manera las decisiones de las empresas influyen en el entorno. Una idea que ya incluía la norma norteamericana SA 8000 de 1997, que nació con la misión de mejorar las condiciones de trabajo a nivel mundial.
